La tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha entrado en vía muerta después de que el Partido Popular haya decidido romper el consenso alcanzado con el PSOE, una decisión que llega tras una llamada desde la dirección nacional del partido, en Génova. El giro contrasta con las declaraciones previas del líder regional del PP, Paco Núñez, quien meses atrás había sembrado dudas sobre un posible bloqueo socialista al texto.
“Me da en la nariz que Sánchez y el PSOE no nos van a dejar que aprobemos el Estatuto”, afirmó Núñez durante el Debate del Estado de la Región del pasado 16 de octubre, insinuando un boicot por parte del presidente del Gobierno, supuestamente motivado por sus diferencias con el presidente autonómico, Emiliano García-Page. Aunque entonces añadió un “espero equivocarme”, el desarrollo de los acontecimientos ha señalado en dirección opuesta: no ha sido el PSOE, sino el PP, quien ha frenado el acuerdo.
La decisión ha reavivado las críticas internas y externas hacia la coherencia del discurso popular. No solo Núñez queda retratado por sus palabras, sino también el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, autor de la llamada que ha bloqueado el pacto. Tellado defendía públicamente el pasado 9 de mayo, en un acto celebrado en Cuenca, la necesidad de sacar adelante el Estatuto, postura que ahora ha quedado en entredicho.
Desde el PSOE subrayan que su posición se mantiene intacta. Durante aquel mismo debate parlamentario, fue el propio García-Page quien garantizó el respaldo socialista al Estatuto en el Congreso de los Diputados, incluso respondiendo con ironía a las insinuaciones de Núñez sobre la influencia de las tensiones con Pedro Sánchez.
“Está bastante más claro que el Partido Socialista va a apoyar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso que si usted va a ser candidato o no en las próximas elecciones”, afirmó Page, añadiendo para rematar: “Y sé de lo que me hablo”.
Cuatro meses después, el bloqueo no parece provenir del supuesto enfrentamiento entre Page y Sánchez, sino de un cambio de estrategia del PP, que vuelve a situar en el centro del debate la fragilidad de los consensos políticos en torno a una norma clave para el futuro institucional de la región.