El juez de la Audiencia Nacional reactiva el caso CCM

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz solicitó a la dirección actual de Caja Castilla-La Mancha que le remita las actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva en la que se aprobaron hasta veinte préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares que, según un informe pericial del Banco de España, pudieron causar en la entidad un agujero de 267 millones de euros, según consta en un auto dictado el pasado miércoles por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. De esta forma se reactiva la causa judicial que abrió en diciembre de 2010 contra el ex presidente de la caja, Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, por los presuntos delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

El magistrado dictó esta diligencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción y en ella solicita información sobre los créditos que se concedieron en 2007 y 2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos. Según el informe elaborado por los peritos inspectores de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España Eugenio Alejandre y José Luis Margareto, podrían ser “contrarias a las normativa bancaria y mercantil”. Los créditos de mayor importe que investiga el juez son los concedidos el 26 de julio de 2007 a la sociedad Zent Inversiones, por valor de 60 millones, y el 4 y 20 de diciembre de 2007, respectivamente, al empresario Antonio Fernández Barco y el Grupo de Negocios Urbaneja, por dos cantidades de 50 millones de euros.

Según un informe de la Fiscalía presentado al juez en noviembre de 2011 se detallaban hasta veinte operaciones irregulares antes de la intervención aunque se recoge que los dos ex directivos no se enriquecieron. El ex fiscal Ignacio Gordillo, en representación del PP, presentó una querella que fue admitida por el juez, quien consideró que el rescate evidenció “de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”, así como la existencia de indicios suficientes de un presunto delito defraudatorio contra una “generalidad de personas” afectadas por el “perjuicio patrimonial”, como son “los depositantes y los acreedores” de la caja de ahorros. El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Tanto Moltó como Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades en su gestión.