Según adelanta el diario El País este lunes, la ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro, buscaron la colaboración del comisario jubilado José Manuel Villarejo en 2009 para frenar la investigación judicial del caso Gürtel, que ya comenzaba a salpicar a dirigentes del PP.
Las conversaciones, grabadas por el propio Villarejo y que forman parte del sumario del caso Tándem, muestran a una cúpula del PP preocupada por el impacto político de la investigación y dispuesta a usar medios irregulares para detenerla.
Según las grabaciones adelantadas por El País, Cospedal se reunió en secreto con Villarejo en la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid, donde le pidió directamente colaboración para controlar la situación: “Eso hay que pararlo como sea”, afirma la entonces número dos del partido, en referencia a la instrucción del juez Baltasar Garzón, que había puesto el foco sobre la red de corrupción que salpicaba a importantes dirigentes populares.
En esas mismas conversaciones, Villarejo, López del Hierro y Cospedal comentan estrategias para frenar la difusión de los datos y maniobrar desde dentro del aparato judicial y policial. Uno de los aspectos más alarmantes de las grabaciones es la mención al fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa y al entonces fiscal del caso Gürtel, José Grinda. En un momento, Villarejo llega a decir: “A Grinda hay que matarlo”. Aunque la frase no se interpreta literalmente, refleja el nivel de hostilidad y desesperación ante la investigación.
La revelación de estas conversaciones vuelve a poner sobre la mesa las estrechas y opacas relaciones entre altos cargos políticos y elementos dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, así como el presunto uso de recursos institucionales para proteger intereses personales o partidistas.
Ni Cospedal ni López del Hierro han querido hacer declaraciones sobre estas informaciones. La ex secretaria general del PP ya compareció en su día ante la comisión parlamentaria que investigó la operación Kitchen, donde negó cualquier implicación directa en maniobras para frenar causas judiciales. Sin embargo, el contenido de las grabaciones difundidas por El País pone en entredicho esa versión.
Estas nuevas revelaciones podrían tener consecuencias jurídicas y políticas, al reavivar el debate sobre la utilización partidista de las cloacas del Estado y su conexión con los casos más graves de corrupción política de la democracia reciente en España.
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