La figura de María Dolores de Cospedal ha vuelto al centro del foco judicial tras la petición del PSOE de suspender el inicio del juicio por la ‘Operación Kitchen’ para reactivar su imputación y la de su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro.
Cospedal, que fue presidenta de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015 y posteriormente ministra de Defensa en el Gobierno de Mariano Rajoy, está citada en este proceso en calidad de testigo después de que la causa contra ella fuese archivada en 2021. Sin embargo, la representación legal del PSOE considera que su papel no ha sido suficientemente investigado y reclama profundizar en la “conexión política” de la presunta trama.
Durante la primera sesión del juicio en la Audiencia Nacional, la abogada socialista Gloria de Pascual ha solicitado la anulación del auto de apertura de juicio oral y la “retracción de actuaciones” para retomar la línea de investigación que afectaba a Cospedal y su entorno. Según ha defendido, existen indicios que justificarían nuevas diligencias, entre ellos audios intervenidos por la Policía Judicial en los que la exdirigente del PP conversa con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los principales acusados.
La letrada ha llegado a afirmar que Cospedal habría sido informada directamente por Rajoy sobre el supuesto “éxito” de la operación, una tesis que choca con lo sostenido durante la instrucción judicial, donde no se apreciaron indicios suficientes para mantener su imputación.
El juicio que ahora arranca analiza un presunto operativo parapolicial desarrollado en 2013 desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraer documentación sensible relacionada con la supuesta financiación irregular del partido.
Según la investigación, el dispositivo habría sido financiado con fondos reservados y ejecutado con la participación de mandos policiales y altos cargos políticos. En el banquillo se sientan, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, para quienes la Fiscalía solicita penas de hasta 15 años de prisión. Para Villarejo, considerado una pieza clave en la trama, se piden hasta 19 años.
La causa se enmarca dentro del ‘caso Tándem’, que investiga las actividades presuntamente irregulares del propio Villarejo, aunque algunas defensas cuestionan la conexión entre ambos procedimientos.
El PSOE también ha solicitado incorporar nuevas pruebas al proceso, incluidos varios audios, y ha planteado que el Partido Popular pueda ser considerado partícipe a título lucrativo o responsable civil subsidiario, al entender que se habría beneficiado de la operación.
Por su parte, la defensa de Fernández Díaz ha pedido la nulidad parcial del juicio, alegando falta de conexión entre los hechos investigados y denunciando vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción, especialmente por el prolongado secreto de las actuaciones.
El proceso contará además con la declaración como testigos de figuras clave de la política española, entre ellas el propio Rajoy y Cospedal, en un juicio que se prevé largo y con importantes implicaciones políticas y judiciales.
Si (
No(
