El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la compra de 14.000 dosis de la vacuna ‘Nirsevimab’, un anticuerpo monoclonal diseñado para proteger a los lactantes contra el virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de infecciones respiratorias graves en menores de un año.
La adquisición, que supera los tres millones de euros, tiene como objetivo inmunizar especialmente a los neonatos y bebés con alto riesgo de enfermedad grave causada por este virus, que también afecta a personas mayores y vulnerables.
La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha explicado que el VRS es la segunda causa mundial de mortalidad en menores de un año y genera una importante carga asistencial en España durante los meses de invierno.
En Castilla-La Mancha, la introducción de ‘Nirsevimab’ ha mostrado una efectividad cercana al 80% en la prevención de formas graves y hospitalizaciones por esta infección. Según datos nacionales, se han evitado entre 7.500 y 10.200 ingresos hospitalarios en menores de un año gracias a esta inmunización.
Padilla ha detallado que la vacuna se administrará a niños prematuros con menos de 35 semanas de gestación, lactantes con cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar, tras cirugías cardíacas y otros casos de riesgo elevado. Además, recibirán la dosis todos los menores de seis meses nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, preferiblemente en las primeras 24 o 48 horas de vida para maximizar la protección.
La portavoz ha recordado además que en 2024 la región invirtió 39 millones de euros en vacunas para toda la población, con un modelo sanitario orientado a la prevención para garantizar un sistema resiliente.
En la rueda de prensa, Esther Padilla también ha abordado el recurso presentado por Castilla-La Mancha contra el decreto estatal que impone a las comunidades autónomas la acogida de menores migrantes sin aportar financiación. Padilla ha afirmado que la comunidad ya atiende a más de 500 menores y que esta nueva carga, valorada en más de 26 millones de euros anuales, no puede asumirse sin recursos, ya que “asumirlo sería atenderlos mal”.
La portavoz ha insistido en que la solidaridad con los niños y niñas no tiene límites geográficos, pero que la dignidad en la atención requiere financiación suficiente. El Gobierno regional recurrió el decreto porque “fue aprobado sin diálogo y sin compensación económica”, lo que, según Padilla, “pone en grave riesgo el interés superior de los menores”.
Además, la consejera ha destacado que el problema de la migración es una cuestión nacional y europea, pero que el decreto estatal traslada la responsabilidad a las comunidades autónomas sin ofrecer soluciones concretas ni recursos adecuados.
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