Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal dedicada a estafar a migrantes en situación irregular mediante la oferta de falsos trámites de residencia en España.
La organización cobraba entre 3.000 y 8.000 euros por gestionar, de forma fraudulenta, autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, como el arraigo social, laboral o familiar. En total, se han practicado seis registros domiciliarios y se ha detenido a 12 personas en las provincias de Guadalajara (5), Madrid (4), Toledo (2) y Barcelona (1).
La operación se inició en octubre de 2024, cuando se detectó en Teruel una solicitud sospechosa de reagrupación familiar. En el expediente faltaba el certificado de pareja y se habían aportado documentos presuntamente falsos.
A partir de ese caso, los investigadores identificaron decenas de trámites irregulares en distintas provincias. Entre los hallazgos, se descubrió que varias personas estaban siendo utilizadas como reagrupantes sin su conocimiento, lo que destapó el patrón delictivo de la organización.
Uno de los aspectos más graves del caso es la implicación directa de un funcionario del ayuntamiento de un municipio de Toledo, quien, presuntamente, facilitaba el acceso irregular a procedimientos administrativos. Según la investigación, alteraba registros oficiales, asesoraba a la red sobre cómo simular arraigos falsos y proporcionaba datos internos reservados que eran utilizados para construir expedientes fraudulentos.
Además de la falsificación de documentos para simular vínculos familiares o laborales, la organización también emitía falsos resguardos de solicitud de protección internacional. Estos documentos, que normalmente sirven para acreditar el inicio de un procedimiento de asilo, eran vendidos por hasta 1.000 euros, y se utilizaban para dar a las víctimas una falsa sensación de seguridad jurídica frente a posibles procedimientos de expulsión.
Las víctimas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, eran captadas por la red con la promesa de regularizar su situación en España. Una vez captadas, se les entregaban expedientes manipulados y se les daban instrucciones detalladas sobre cómo comportarse ante las autoridades, incluso con guiones específicos para entrevistas con funcionarios de Extranjería o Policía.
Durante los registros, la Policía Nacional incautó 13.670 euros en efectivo, seis teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, cuatro discos duros y abundante documentación que acredita la actividad delictiva de la red. La operación supone un importante golpe a la delincuencia organizada en materia de extranjería, que se lucraba a costa de la necesidad y desconocimiento de personas migrantes en situación irregular.
Si (
No(
