La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia el 2026 con un paquete de reformas que redefine la movilidad en España y endurece la respuesta ante situaciones de riesgo en ciudad y en carretera. No se trata de ajustes puntuales, sino de un cambio de paradigma que busca profesionalizar la seguridad vial y erradicar hábitos considerados obsoletos en un contexto cada vez más vigilado y restrictivo para los vehículos de combustión.
Las modificaciones, inspiradas en directrices de la Unión Europea, adaptan el Reglamento General de Circulación a un entorno en el que el margen de error será mínimo. El despliegue obligatorio de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios de más de 50.000 habitantes —con sanciones de hasta 200 euros— es solo una parte del cambio. La principal novedad afecta a la gestión de incidentes en autopistas y autovías, especialmente en caso de accidentes o retenciones inesperadas.
Entre las medidas más relevantes destaca la obligatoriedad de crear un corredor de emergencia en situaciones de atasco, una maniobra que hasta ahora era voluntaria. A partir de ahora, los conductores deberán arrimarse al borde izquierdo o derecho de su carril, según su posición en la vía, para dejar libre un pasillo central que permita el paso rápido de ambulancias y vehículos de emergencia.
La normativa también endurece las condiciones al adelantar a vehículos detenidos por avería en la calzada o en el arcén. Será obligatorio mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros y reducir la velocidad al menos 20 km/h por debajo del límite genérico de la vía.
En paralelo, la DGT culmina la eliminación de los tradicionales triángulos de señalización, que serán sustituidos por la baliza V16 conectada a la plataforma DGT 3.0. El objetivo es evitar que los conductores tengan que salir del vehículo y caminar por la calzada, una acción asociada a numerosos atropellos mortales. No obstante, esta decisión ha generado una fuerte controversia y críticas por parte de expertos en seguridad vial, lo que podría derivar en nuevas revisiones normativas.
El 1 de enero marca además el fin de las exenciones históricas en el uso del cinturón de seguridad para ciertos colectivos profesionales. Taxistas, repartidores y profesores de autoescuela deberán llevarlo abrochado en todo momento, sin excepción, incluso durante trayectos cortos en ciudad.
Estas reformas coinciden con la fase decisiva de implantación de las ZBE, que alcanzará su punto crítico en 2026 en los 149 municipios obligados por ley a restringir el tráfico. La vigilancia mediante cámaras automatizadas será estricta, y los conductores deberán conocer con precisión los límites de estas zonas para evitar sanciones, especialmente aquellos vehículos sin etiqueta ambiental.
Por último, la DGT introduce un cambio profundo en el examen teórico del carné de conducir. El tradicional test basado en memorización será sustituido por vídeos de situaciones reales de tráfico, en los que el aspirante deberá reaccionar ante imprevistos en tiempo real. La medida pretende mejorar la percepción del riesgo y asegurar que los nuevos conductores cuenten con capacidad de análisis frente a peligros reales antes de ponerse al volante.
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