El Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo aprobada mediante el Real Decreto 35/2023, un fallo que avala el nuevo marco de gestión del agua y refuerza de forma decisiva la posición de Castilla-La Mancha en el histórico conflicto del trasvase.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal respalda la legalidad de los caudales ecológicos en el río Tajo y abre la puerta a una modificación estructural en las reglas de explotación del sistema del trasvase Tajo-Segura, que conecta la cabecera en las provincias de Cuenca y Guadalajara con el sureste peninsular.
UN RESPALDO JURÍDICO CLAVE AL NUEVO PLAN DEL TAJO
El fallo, conocido este jueves tras deliberarse el pasado 6 de mayo, supone un respaldo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de reducir progresivamente la dependencia estructural del trasvase y sustituir parte del suministro mediante desalación, reutilización y recursos no convencionales.
El Supremo no solo rechaza todos los argumentos del recurso, sino que además impone las costas al sindicato de regantes, en lo que se interpreta como el cierre judicial de una de las principales resistencias al cambio del modelo hídrico.
El Tribunal avala el corazón jurídico del plan aprobado mediante el Real Decreto 35/2023, integrado en la planificación del ciclo 2022-2027 del Demarcación Hidrográfica del Tajo.
CAUDALES ECOLÓGICOS: PRIORIDAD SOBRE EL USO TRASVASISTA
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es la consolidación de la doctrina del Tribunal Supremo: los caudales ecológicos no son un uso del agua, sino una restricción general que se impone a todos los aprovechamientos, salvo el abastecimiento humano.
Este criterio refuerza la prioridad ambiental del río Tajo frente al uso trasvasista, lo que en la práctica limita el volumen de agua que puede derivarse hacia el Levante.
El fallo tiene un impacto directo en territorios como Aranjuez, así como en la cabecera del sistema en Cuenca y Guadalajara, donde se establecen los parámetros clave del caudal del Tajo.
CASTILLA-LA MANCHA, REFORZADA EN SU POSICIÓN HISTÓRICA
Para Castilla-La Mancha, la sentencia supone un respaldo jurídico de enorme relevancia en su defensa del río Tajo y del equilibrio ecológico de la cuenca.
El Tribunal Supremo rechaza la interpretación defendida por los regantes del sureste, procedentes principalmente de regiones como Región de Murcia, Alicante y Almería, que buscaban frenar la reducción progresiva del agua trasvasable.
El Alto Tribunal descarta que exista arbitrariedad en la planificación y niega que los derechos históricos del trasvase puedan limitar la elevación de los caudales ecológicos.
FIN DEL ARGUMENTO DEL "DERECHO CONSOLIDADO" AL TRASVASE
Uno de los puntos más contundentes del fallo es el rechazo a la idea de que el trasvase tenga un derecho estable o garantizado sobre determinados volúmenes de agua.
El Supremo recuerda que el sistema del Tajo-Segura depende siempre de excedentes hídricos y de las condiciones ambientales de la cuenca cedente, reforzando así la idea de que no existe un derecho automático al agua trasvasada.
Además, el tribunal avala las reformas legales de 2013 y 2015, que ya habían modificado el marco jurídico del sistema.
UN CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA POLÍTICA DEL AGUA
La sentencia consolida una línea jurisprudencial clara: la protección ambiental del Tajo tiene prioridad legal sobre el aprovechamiento trasvasista. Esto abre un escenario en el que el Estado puede incrementar los caudales ecológicos aunque ello reduzca las transferencias al sureste.
El Tribunal también rechaza las críticas sobre falta de coordinación entre cuencas, recordando que los usuarios del trasvase pertenecen a la cuenca del Segura y no a la del Tajo, aunque avala los mecanismos de coordinación existentes entre administraciones.
UN FALLO CON IMPACTO HISTÓRICO
La resolución supone un punto de inflexión en cinco décadas de conflicto por el agua en el centro y sureste peninsular. En Castilla-La Mancha, el fallo se interpreta como una victoria histórica en la defensa del Tajo y de su recuperación ambiental, mientras que en el Levante se cierra —al menos en esta fase judicial— la vía más importante para frenar la reducción progresiva del trasvase.
El nuevo escenario jurídico refuerza la gestión sostenible del Tajo y consolida el cambio de paradigma en la política hídrica española: del modelo centrado en la derivación de recursos a otro basado en la protección de los ecosistemas fluviales.
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