La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha advertido del fuerte incremento del absentismo laboral en España y ha reclamado una actuación coordinada entre administraciones públicas, empresarios y sindicatos para combatir el fraude en las bajas médicas, al considerar que su crecimiento tiene un importante impacto económico y compromete la sostenibilidad del Estado del bienestar.
La organización empresarial defiende que la incapacidad temporal es "una conquista social" que debe preservarse, pero sostiene que ese derecho debe protegerse frente a posibles abusos. En este sentido, subraya que cada baja médica fraudulenta supone un coste para las arcas públicas, obliga a las empresas a reorganizar su actividad y genera una carga adicional para el sistema sanitario y los organismos encargados de gestionar estas prestaciones.
Según los datos aportados por Fedeto, el coste total de la incapacidad temporal alcanzó en 2025 los 34.528 millones de euros, de los que 18.413 millones correspondieron al gasto público en prestaciones y 16.115 millones fueron asumidos directamente por las empresas. La patronal destaca que esta cifra supone un incremento del 97 % respecto a 2020 y del 240 % en comparación con 2015.
La federación señala además que el gasto público en prestaciones por incapacidad temporal prácticamente se ha triplicado en la última década, al pasar de 6.149 millones de euros en 2015 a 18.413 millones en 2025, mientras que el coste soportado por las empresas se ha elevado desde 4.805 millones hasta 16.115 millones en el mismo periodo.
ESPAÑA LIDERA LAS BAJAS LABORALES EN LA UE
Fedeto recuerda que, según los últimos datos comparables correspondientes a 2024, España registró la mayor proporción de trabajadores de baja por incapacidad temporal de toda la Unión Europea, con un 4,5 % de los ocupados, frente al 2,5 % de media comunitaria. Asimismo, cita datos de la OCDE que sitúan a España como el tercer país, entre los 24 analizados, con más semanas de trabajo perdidas por bajas laborales.
La organización rechaza que el incremento pueda explicarse únicamente por el aumento del empleo. Mientras el número de ocupados ha crecido un 28 % desde 2015, hasta superar los 22,3 millones de trabajadores, las bajas iniciadas han pasado de 3,93 millones a 9,16 millones, lo que representa un incremento del 133 %.
PREOCUPACIÓN POR LAS BAJAS DE LARGA DURACIÓN
Otro de los aspectos que preocupa a la patronal es el aumento de los procesos de larga duración. Aunque la duración media de las bajas se situó en 43 días en 2025, muy similar a la registrada antes de la pandemia, las incapacidades superiores a un año pasaron de 35.000 casos en 2019 a 155.203 en 2025, lo que supone un crecimiento del 343 % en apenas seis años.
Fedeto considera que esta evolución evidencia que el problema tiene un carácter estructural y no responde únicamente a circunstancias coyunturales.
COINCIDENCIA CON BANCO DE ESPAÑA Y AIReF
La patronal asegura que su diagnóstico coincide con el realizado por el Banco de España, cuyo gobernador, José Luis Escrivá, ha pedido una reflexión sobre el funcionamiento del sistema de incapacidad temporal y ha señalado la falta de coordinación entre las administraciones competentes, además de advertir del fuerte crecimiento del gasto desde la pandemia.
Asimismo, Fedeto cita informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), según los cuales existe una creciente concentración de las bajas en un grupo reducido de trabajadores. En 2024, el 25 % de las personas acumuló el 55 % de los procesos de incapacidad temporal, mientras que el 50 % concentró el 77 % de los episodios.
LLAMAMIENTO A REFORZAR EL CONTROL
La organización empresarial insiste en que no cuestiona la actuación de los profesionales sanitarios ni pone en duda que la mayoría de las bajas estén justificadas, pero considera necesario mejorar el seguimiento, la coordinación entre administraciones y los mecanismos de control para detectar posibles situaciones de fraude.
Fedeto lamenta que el debate se centre en las críticas hacia quienes denuncian el problema, en lugar de abordar las causas del incremento del absentismo. En este sentido, sostiene que perseguir el fraude contribuye a proteger el derecho de quienes realmente necesitan una baja médica y a garantizar la viabilidad del sistema.
"Defender la baja médica exige perseguir el fraude, porque el abuso de algunos termina debilitando los derechos de todos", concluye la organización empresarial.
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