El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha expresado su preocupación por la propuesta presentada recientemente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en relación a la futura Política Agraria Común (PAC).
Martínez Guijarro ha calificado la medida como un “recorte brutal” y ha enfatizado que “el campo no puede ser quien pague el incremento del presupuesto de la Unión Europea en Defensa”.
Además, ha destacado que el nuevo marco financiero para el próximo periodo de programación presenta un cambio radical, con una reducción significativa de fondos destinados a la PAC y un proceso de renacionalización que podría afectar gravemente a un sector estratégico para Castilla-La Mancha. Esta región, con una fuerte dependencia del sector agrario, ve con alarma cómo estas modificaciones podrían perjudicar a agricultores y ganaderos.
Ante esta situación, el Ejecutivo regional ha enviado una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) solicitando una reunión bilateral urgente para abordar con carácter prioritario este recorte en los fondos agrícolas. Martínez Guijarro ha explicado que desde el primer momento el Gobierno autonómico mantiene un diálogo abierto con las organizaciones agrarias para analizar el impacto y buscar soluciones conjuntas.
También ha señalado que Castilla-La Mancha trasladará su postura directamente a la Comisión Europea, recordando que el presidente regional ya ha mantenido reuniones con comisarios europeos para defender los intereses del sector agrario de la comunidad.
El vicepresidente ha insistido en la necesidad de que este asunto se debata en órganos como la Conferencia Sectorial o el Consejo de Política Europea en materia de Agricultura, donde todas las comunidades autónomas y el Ministerio puedan realizar un análisis conjunto de la propuesta inicial.
Aunque el proceso de diseño de la futura PAC aún está en una fase inicial y quedan varios años para su aprobación definitiva, Martínez Guijarro ha manifestado que la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea no constituye un buen punto de partida para Castilla-La Mancha ni para el conjunto del sector agrícola español.
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