Hacienda ha decidido posponer de nuevo la entrada en vigor del sistema Verifactu, la herramienta de verificación de facturas diseñada para pymes y autónomos. La obligatoriedad, que inicialmente debía aplicarse en 2025 y posteriormente se trasladó a 2026, no será efectiva hasta 2027.
Según ha precisado el Ministerio, las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades no estarán obligadas a utilizarlo hasta enero de ese año, mientras que los autónomos y el resto de pequeñas empresas quedarán sujetos a la normativa a partir de julio de 2027.
Se trata del segundo aplazamiento desde que el proyecto fue anunciado y llega en un contexto marcado tanto por la presión política como por las crecientes demandas del tejido empresarial.
La decisión se enmarca en el real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, una medida que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó en una entrevista en Rac1 al mencionar sus compromisos pendientes con Junts.
Fuentes de Hacienda confirmaron más tarde que la prórroga responde también a las reivindicaciones de organizaciones empresariales y de autónomos, que consideran insuficiente el margen de adaptación ofrecido hasta ahora. Sectores como ATA, Pimec y otras patronales llevaban semanas insistiendo en la necesidad de ampliar plazos debido al coste económico asociado a la actualización de los sistemas informáticos de facturación y a las dificultades técnicas que afrontan las pymes con menor capacidad digital.
El sistema Verifactu forma parte del paquete de medidas antifraude impulsado por la Agencia Tributaria. Obliga a que todas las facturas se generen mediante un software certificado capaz de asegurar su autenticidad, integridad y trazabilidad, y permite que el registro de cada factura se envíe de forma automática al sistema de Hacienda.
La normativa afecta a cualquier empresa o profesional que utilice un Sistema Informático de Facturación, desde software especializado hasta programas adaptados como hojas de cálculo en Excel o documentos en Word. Aunque su puesta en marcha no modifica la fiscalidad vigente, supone un avance decisivo hacia el control digitalizado e inmediato de los ingresos declarados, a la vez que limita la manipulación de registros contables. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 50.000 euros.
A pesar de los plazos inicialmente establecidos, la implantación real del sistema era todavía muy reducida. Según datos del Observatorio TeamSystem, solo el ocho por ciento de pymes y autónomos había incorporado Verifactu hasta mediados de noviembre, mientras que un quince por ciento se encontraba en proceso de adaptación.
Esta baja adopción preocupaba tanto a los asesores fiscales como a los desarrolladores de software, que en los últimos meses habían detectado un incremento significativo de empresas que intentaban llegar a tiempo antes de que Hacienda exigiera el cumplimiento obligatorio. La confusión generada entre facturación electrónica y Verifactu, dos normativas distintas cuya coincidencia temporal ha dificultado la comprensión entre empresas y profesionales, también ha contribuido a ralentizar el proceso.
El aplazamiento ha sido recibido con reacciones diversas por parte del colectivo afectado. Para ATA, la organización mayoritaria de autónomos, la prórroga supone un alivio. Su presidente, Lorenzo Amor, destacó que los trabajadores por cuenta propia podrán empezar el año sin nuevas cargas administrativas y agradeció la presión ejercida por Junts para lograr el retraso.
En cambio, para Eduardo Abad, presidente de UPTA, el nuevo giro del Gobierno constituye un “despropósito”, ya que la sucesión de anuncios y rectificaciones genera inseguridad e irritación entre los autónomos. Desde el Consejo General de Gestores Administrativos, su presidente Fernando Jesús Santiago considera que el aplazamiento aporta por fin la tranquilidad que empresas y profesionales no han tenido durante todo el año, aunque advierte de que solo será útil si se aprovecha para ordenar la implantación, aclarar a quién afecta exactamente la obligación y evitar que se repita la confusión que ha predominado hasta ahora.
La digitalización de la facturación sigue siendo uno de los objetivos centrales de Hacienda para los próximos años y Verifactu se presenta como un pilar de ese proceso. Aunque los expertos recalcan que el sistema no altera el funcionamiento actual del IVA, sí recuerdan que permitirá reducir la morosidad, acelerar cobros y profesionalizar la gestión económica de los negocios. En paralelo, continúa avanzando la normativa de factura electrónica obligatoria, prevista igualmente para 2027 y cuya implantación será independiente de Verifactu, aunque complementaria en la transformación digital del ecosistema empresarial.
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