A la espera de las reuniones que se mantendrán con los distintos sectores a partir del este lunes 23 de marzo, FEDETO considera que las 142 páginas del BOE en que se concretan las medidas del Gobierno son adecuadas, pero insuficientes para dar respuesta al conjunto de las demandas trasladadas por los distintos sectores empresariales.
El plan presenta un amplio desarrollo normativo, acertando con la bajada de impuestos y la habilitación de ayudas directas que, entre otras organizaciones, demandaba FEDETO. Sin embargo, son medidas que son insuficientes por su carácter temporal y porque no abordan el incremento sostenido de costes en un contexto en el que los costes de los carburantes continúan al alza.
El caso del sector del transporte de mercancías y de viajeros es especialmente preocupante porque queda en una situación muy comprometida. El decreto no adopta medidas suficientes para absorber el impacto de los costes, lo que sitúa a muchas empresas en una posición de riesgo, con posibles efectos sobre la cadena de suministro.
En realidad, las medidas aprobadas no incorporan todas las propuestas trasladadas por los sectores económicos y eso limita la eficacia y alcance del decreto.
Por ejemplo, en el ámbito agrícola las medidas no resuelven el importante incremento de costes de combustible y fertilizantes, que se suman a la reciente subida del SMI que le afecta muy directamente.
Asimismo, FEDETO considera especialmente preocupante la ausencia de medidas específicas dirigidas a sectores cuya actividad depende de forma directa e intensiva del uso del vehículo, como la pequeña paquetería, las autoescuelas, así como un amplio colectivo de profesionales autónomos y pequeñas empresas prestadoras de servicios.
La falta de instrumentos adecuados para estos ámbitos incrementa su vulnerabilidad y compromete la viabilidad de actividades esenciales para el funcionamiento de la economía.
Como excepción, FEDETO señala el caso de las estaciones de servicio, cuyas demandas sí han sido atendidas.
Es imprescindible que las medidas se aborden desde un enfoque integral, capaz de dar respuesta a todos los sectores, dado que están interrelacionados entre sí. Solo así se podrán evitar posibles disfunciones en los distintos eslabones de la cadena de valor de la economía.
FEDETO solicita una revisión del decreto que incorpore las soluciones planteadas por todos los sectores empresariales, con el fin de garantizar la viabilidad del conjunto del tejido empresarial, evitar el deterioro de la actividad económica y prevenir la transferencia de costes a consumidores y empresas.
SEÑALAMIENTO EMPRESARIAL
En este contexto, FEDETO rechaza que desde el gobierno se señale al empresario como responsable del incremento de los precios que responde únicamente a la crisis energética provocada por la guerra en Irán.
Desde el inicio de la crisis, y de forma especialmente intensa a lo largo de la última semana, se ha producido un discurso por parte del Gobierno que apunta al empresario como causante de esta situación, trasladando la sensación de que sería justo intervenir sobre los márgenes empresariales.
FEDETO advierte de que cualquier actuación en este sentido sería injusta, inmoral e inaceptable y anuncia que activará todos los mecanismos a su alcance para evitarlo, en defensa de la sostenibilidad del tejido empresarial y del correcto funcionamiento del mercado.
MEDIDAS SOBRE VIVIENDA
Por otra parte, FEDETO considera inadecuada la inclusión de iniciativas ajenas al contexto de la crisis energética, especialmente en materia de vivienda, al entender que introducen distorsiones en el mercado, generan inseguridad jurídica y desincentivan la inversión.
Este tipo de planteamientos responde claramente a una intención electoralista por una parte del Gobierno, carente de sentido en un contexto en el que resulta prioritario adoptar medidas eficaces para hacer frente a la crisis provocada por la guerra.
Esa parte del gobierno justifica esta medida en limitar el poder de los fondos buitre y los fondos de inversión, olvidando que el 90% de los propietarios arrendadores son pequeños propietarios cuyas familias dependen de los ingresos procedentes del arrendamiento de una segunda vivienda para su subsistencia.
La demagogia en este asunto solo pretende confundir a la sociedad para convencerla de que es justo modificar la ley para permitir un intervencionismo absoluto del mercado inmobiliario, incompatible con el ordenamiento jurídico actualmente vigente.