El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes, en su reunión del Consejo de Gobierno, la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo es reclamar la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una demanda histórica de la región en materia hídrica.
El anuncio lo ha realizado este viernes el presidente autonómico, Emiliano García-Page, durante el acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la Bodega Cooperativa Santiago Apóstol, en la localidad albaceteña de Montealegre del Castillo.
Durante su intervención, García-Page ha reconocido que resulta “doloroso” tener que recurrir a los tribunales contra el Gobierno de España. Sin embargo, ha justificado esta decisión por lo que considera un incumplimiento reiterado de sentencias judiciales relacionadas con la gestión del agua.
En este sentido, el presidente regional ha recordado que Castilla-La Mancha ha obtenido cinco sentencias favorables en el Tribunal Supremo en defensa de sus derechos hídricos. “No se ganan así como así”, ha subrayado, poniendo en valor los años de litigio necesarios para lograr estos fallos judiciales.
A pesar de ello, García-Page ha lamentado que, tras dichas resoluciones, han transcurrido ya cuatro años sin que se hayan aplicado plenamente. “Son años peleando”, ha insistido, criticando la falta de ejecución de unas sentencias que considera clave para garantizar una gestión más justa del agua en la comunidad autónoma.
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