El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido activar la vía judicial contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) por la falta de adecuación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura a los planes hidrológicos 2022-2027, según informó hoy la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.
La medida llega después de que, según ha denunciado la Junta, el Ministerio no haya cumplido con la revisión de las reglas de explotación y su elevación al Consejo Nacional del Agua en los plazos establecidos por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, lo que supone un incumplimiento legal. La Junta se reserva además el derecho de solicitar medidas cautelares una vez admitida la demanda.
“Llevamos más de seis meses esperando una cita de la ministra Sara Aagesen, y yo misma llevo más de un año intentando reunirme para abordar esta situación”, afirmó Gómez, criticando la inactividad del MITERD frente a la gravedad de los daños ambientales.
DETERIORO AMBIENTAL EN EL TRAMO MEDIO DEL TAJO
La consejera alertó de que el incumplimiento del decreto está provocando graves daños en los hábitats de la Red Natura 2000 del tramo medio del río Tajo. Según el informe conjunto de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), los ecosistemas de zonas como Sierra de Altomira, Carrizales y Sotos del Jarama, islas de Malpica y Azután, y las Barrancas de Talavera están sufriendo pérdida de bosques de ribera, invasión de carrizales y alteración de la dinámica fluvial, comprometiendo su biodiversidad.
Durante el trimestre octubre-diciembre de 2025, los caudales mínimos registrados en las masas de agua ‘Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador’ y ‘Río Tajo en Aranjuez’ fueron de 6,39 m³/s y 5,68 m³/s, respectivamente, por debajo del caudal ecológico mínimo de 7,9 m³/s. “Esto evidencia un modelo de gestión no sostenible que degrada los hábitats prioritarios”, señaló Gómez.
IMPACTO EN LA GESTIÓN DEL TRASVASE
La consejera explicó que, de haberse aplicado las reglas de explotación, las derivaciones desde la cabecera del Tajo hacia el Levante se habrían reducido en un 40% en 2027, lo que habría supuesto 127 hectómetros cúbicos adicionales para preservar las reservas y el estado de las masas de agua. En lo que va del año hidrológico 2025-26, se han aprobado trasvases por 315 Hm³; si se mantuvieran en nivel 1 los embalses de cabecera, podrían aprobarse hasta 555 Hm³ en total, un 73% más que la media histórica.
Gómez insistió en que “aplicar al menos los caudales que fija la sentencia del Tribunal Supremo de 2025 es imprescindible para detener este deterioro ambiental”. Según la Junta, los 47 años de trasvase han supuesto un volumen total de 15.148 Hm³, equivalentes a “15.148 piscinas olímpicas o el abastecimiento de 63 millones de viviendas”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha busca con esta acción judicial garantizar la protección de los ecosistemas del Tajo medio y asegurar un régimen hídrico que cumpla con los objetivos ambientales establecidos por la legislación nacional y europea.
DECLARACIONES DE EMILIANO GARCÍA-PAGE
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado el "duro" trance de tener que denunciar en los tribunales "con importantes consecuencias" a un Gobierno "del mismo partido político".
García-Page, durante su intervención este martes en su visita al Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral CLM en Talavera de al Reina, ha manifestado que esta "falta de cumplimiento" de las sentencias sobre los caudales ecológicos del río Tajo podría entenderse por muchos servicios jurídicos incluso como "delito ecológico".
"Yo no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y, probablemente, en otras regiones que, llegado el momento, estarían dispuestos realmente a poner por delante los intereses de su tierra incluso para llegar a tener que denunciar en los tribunales, con importantes consecuencias, a un gobierno que es de su mismo partido político", ha reivindicado.
El presidente castellanomanchego ha recordado que han dado "más de un año de margen" para la ejecución de las sentencias pero, finalmente, han tenido que tomar una decisión "práctica y clara".
En todo caso, ha confiado en que haya "solución" para esta problemática e incluso en que se pueda llegar a "retirar el pleito" contra el Gobierno de España.
Si (
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