La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presidido este jueves la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que se ha alcanzado un acuerdo unánime entre todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030.
El nuevo plan movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros durante el periodo 2026-2030, de los cuales 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En el caso de Castilla-La Mancha, la asignación prevista para el próximo año será de 32 millones de euros, mientras que la inversión global destinada a políticas públicas de vivienda en la región alcanzará los 280 millones de euros hasta 2030.
Durante su intervención, la ministra destacó el valor político e institucional del acuerdo alcanzado. “Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, señaló Rodríguez. “Este es el camino. A este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo, dejando a un lado los planteamientos partidistas para irnos a respuestas eficaces en las que todos estemos de acuerdo”, añadió.
UN PACTO ESTATAL PARA AFRONTAR LA CRISIS DE VIVIENDA
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana presentó el nuevo Plan Estatal de Vivienda como una muestra de diálogo y consenso institucional, en línea con la propuesta realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona para impulsar un acuerdo de país en materia de vivienda.
Según el ministerio, el proceso de elaboración del plan ha incluido 28 reuniones con las comunidades autónomas, además de encuentros con entidades sociales, expertos y agentes del sector. Fruto de este trabajo se recibieron 365 aportaciones, varias de las cuales han sido incorporadas a la redacción definitiva del documento.
MÁS INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
El nuevo modelo de financiación triplica los fondos gestionados por las comunidades autónomas y establece un sistema de corresponsabilidad económica en el que el Gobierno de España aportará el 60% de la financiación, mientras que las autonomías asumirán el 40% restante.
El reparto de recursos priorizará tres grandes líneas de actuación. Al menos el 40% de los fondos se destinará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% irá dirigido a la rehabilitación del parque residencial ya existente y el 30% restante se enfocará en la protección de colectivos vulnerables y territorios con mayores dificultades de acceso a la vivienda.
Además, el Plan Estatal de Vivienda incorpora mecanismos para garantizar la protección permanente de las viviendas construidas con financiación pública y contempla una cláusula antifraude para reforzar la transparencia en los procesos de adjudicación de vivienda protegida.
Entre las medidas adicionales, el Ejecutivo también prevé impulsar herramientas de cohesión territorial y un sistema público de datos que facilite a la ciudadanía el acceso a información “veraz y transparente” sobre el mercado de la vivienda.
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