El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su rechazo “total” al último trasvase aprobado desde la cuenca del Tajo hacia el Segura, que contempla la derivación de 120 hectómetros cúbicos (hm³) durante los meses de junio y julio, y ha avanzado que estudia la posibilidad de recurrir esta decisión.
La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha trasladado esta postura durante una rueda de prensa, donde ha criticado que el Gobierno de España permita, a su juicio, el “incumplimiento de las leyes que dicen que hay que cambiar las reglas de explotación” y de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.
Padilla ha señalado que este nuevo envío de agua supone la continuidad de un modelo que considera “insostenible” y ha acusado al Estado de permitir que se “perpetúe el trasvase y un sistema del uso del agua que es insostenible”.
“Para cumplir las sentencias y para cumplir la ley no hacen falta mayorías parlamentarias. Es una decisión de voluntad y de querer cumplir la ley”, ha afirmado la portavoz castellanomanchega, quien ha insistido en que “el tiempo se agota” después de que la comunidad autónoma haya reclamado en varias ocasiones una modificación del sistema.
Respecto al recurso presentado por Castilla-La Mancha ante la Audiencia Nacional contra el Estado, Padilla ha confirmado que seguirá adelante mientras no se produzca un cambio en las reglas de explotación del trasvase.
“Ya planteamos que si el Gobierno da el paso y modifica las reglas de explotación retiraremos el recurso. Como no las modifican, el recurso sigue adelante y serán los tiempos procesales los que marquen cómo evoluciona”, ha explicado.
El Ejecutivo regional mantiene así su oposición al actual funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y reclama una revisión del sistema para adaptarlo, según sostiene, a la normativa vigente y a las resoluciones judiciales.
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