La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha iniciado el proceso de información pública para otorgar concesiones de un total de 25 hectómetros cúbicos (hm³) anuales de agua desalada con destino a los regadíos dependientes del Trasvase Tajo-Segura. De esa cantidad, 20 hm³ procederán de la desalinizadora de Torrevieja y 5 hm³ de la de Águilas.
El objetivo de esta medida es reforzar la garantía hídrica de las explotaciones agrícolas ante el progresivo recorte del volumen trasvasado desde el Tajo, una decisión del Ministerio para la Transición Ecológica que ha generado una fuerte oposición institucional y del sector agrario en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía oriental.
En el caso de Torrevieja, la CHS ha recibido 48 solicitudes, de las cuales 46 han sido admitidas. Dos fueron excluidas por no cumplir los requisitos del procedimiento, como no pertenecer a comunidades de regantes usuarias del trasvase o por presentar la documentación fuera de plazo. En la planta de Águilas, se han aceptado 18 de las 21 solicitudes presentadas, con tres rechazos por motivos similares.
El trámite se realiza conforme al procedimiento de “competencia de proyectos”, restringido exclusivamente a las comunidades de regantes que ya utilizan recursos del trasvase. De acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se abre ahora un plazo de un mes para que los interesados puedan presentar alegaciones o sugerencias. Los escritos deberán dirigirse a las oficinas de la CHS en Murcia, citando las referencias CSR-0002/2024 para Torrevieja y CSR-0005/2024 para Águilas.
Con esta actuación, la CHS completará los 100 hm³ anuales de agua desalada que el actual Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura asigna como complemento al regadío dependiente del trasvase. Paralelamente, la sociedad estatal Acuamed continúa con las obras de ampliación de la planta de Torrevieja, que pasará de producir 80 a 120 hm³ anuales, su máxima capacidad prevista.
Esta iniciativa se produce en un contexto de elevada tensión en el sureste español. La modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, supondrá según estimaciones de gobiernos autonómicos y organizaciones agrícolas la pérdida de hasta 12.000 hectáreas de cultivo y más de 5.000 empleos directos en las provincias de Murcia, Alicante y Almería.
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), junto con el Gobierno murciano, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante, ha recurrido judicialmente la hoja de ruta del ministerio, que contempla una reducción del 50% del volumen trasvasado para regadío en 2027. No obstante, este horizonte podría adelantarse si la Justicia no frena los recortes.
Desde el sector agrícola se insiste en que el agua desalada no puede sustituir completamente al recurso trasvasado por razones económicas, energéticas y de salinidad, aunque valoran positivamente el aumento de disponibilidad a través de desaladoras como una medida paliativa ante la incertidumbre hídrica que amenaza al campo levantino.
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