La defensa del trasvase Tajo-Segura se ha convertido en una prioridad política y económica para la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que han decidido unir fuerzas frente a las nuevas reglas de explotación que prepara el Gobierno central y que, según denuncian, supondrán un golpe letal para el regadío del sureste español a partir de 2027.
El Gobierno de Carlos Mazón, a través de la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana, ha elaborado un informe técnico que, según ha adelantado El Mundo, abre un nuevo frente en una batalla histórica. El documento, respaldado por los ejecutivos de Fernando López Miras (Murcia) y Juanma Moreno (Andalucía), cuestiona la gestión hídrica de Castilla-La Mancha y acusa a esta comunidad de mantener “el grifo abierto” en los regadíos de la cabecera del Tajo y del Jarama, con un uso “excesivo e ineficiente” del recurso.
EL INFORME: "EN EL ALTO TAJO SE DESPERDICIAN 100 HECTÓMETROS CÚBICOS AL AÑO"
Según el texto al que ha tenido acceso El Mundo, los regadíos de la cabecera del Tajo utilizan una media de 12.000 metros cúbicos por hectárea, más del doble que los usuarios del trasvase, que consumen 5.200 m³. El informe denuncia que no existen sistemas modernos de riego ni balsas suficientes de regulación, lo que genera un “desperdicio de recursos” estimado en 100 hectómetros cúbicos anuales, “curiosamente el mismo volumen que el Ministerio pretende recortar del Trasvase”, subraya el documento.
El análisis sostiene además que “el trasvase no es el problema del Tajo” y que las nuevas reglas de explotación “nada tienen que ver con la calidad o cantidad del agua en Toledo”, afectando únicamente a las regiones receptoras. También recalca que los caudales ecológicos exigidos en el Tajo “son muy superiores” a los del Júcar, pese a tratarse de un mismo sistema hidrográfico mediterráneo.
EL FRENTE COMÚN DEL LEVANTE
La propuesta del Gobierno de reducir al 50% los caudales trasvasables en 2027 ha encendido las alarmas en el Levante. Los regantes la califican como “la muerte” de un recurso esencial para el mantenimiento de la producción agrícola, el empleo y el PIB de tres comunidades que dependen en gran parte del agua procedente del Tajo.
Ante este escenario, Mazón, junto a sus homólogos de Murcia y Andalucía, ha anunciado la creación de un frente común institucional para exigir la paralización de las nuevas normas y reclamar al Gobierno que controle la gestión del Alto Tajo e invierta los 68 millones de euros previstos en el Plan Hidrológico del Tajo para modernizar los regadíos y ahorrar el agua desperdiciada que, según defienden, podría destinarse a cubrir los caudales ecológicos.
LA RESPUESTA DE CLM: "EL AGUA NO PUEDE SER UNA FUENTE INFINITA"
La reacción del Ejecutivo de Emiliano García-Page no se ha hecho esperar. El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, respondió ayer desde Bruselas a las acusaciones vertidas por Mazón, defendiendo la gestión de los embalses de cabecera y acusando al Levante de hacer un “uso inadecuado” del agua del trasvase.
Caballero tildó de “absolutamente falsas” las afirmaciones del presidente valenciano y recordó que los regadíos del Alto Tajo atraviesan una situación de escasez que contrasta con la “ausencia de limitaciones” en el Segura. Además, acusó a las comunidades gobernadas por el PP —Valencia, Murcia y Andalucía— de “ignorar las sentencias del Tribunal Supremo” que obligan a garantizar los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Toledo.
“El problema del agua no se resuelve atacando a Castilla-La Mancha, sino apostando por un modelo sostenible basado en la desalación, que es técnica y económicamente viable”, defendió Caballero, quien pidió a Mazón, López Miras y Moreno Bonilla que “asuman de una vez” la necesidad de recurrir a las desaladoras en lugar de seguir dependiendo del trasvase.
El vicepresidente castellano-manchego acusó además al líder del PP regional, Paco Núñez, de mantener un “silencio cómplice” ante los ataques de sus compañeros de partido. “No se puede estar con Mazón y con los regantes del Tajo al mismo tiempo”, advirtió.
Desde el Ejecutivo de García-Page se insiste en que la gestión del agua en Castilla-La Mancha es “responsable y solidaria”, y que la estrategia del PP busca “tensionar el debate hidráulico” en lugar de contribuir a una solución equilibrada que garantice tanto la sostenibilidad del río Tajo como los derechos de los municipios ribereños.
Si (
No(
