Las comunidades autónomas de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía han remitido a la Vicepresidencia Tercera y al Ministerio para la Transición Ecológica una carta acompañada de un informe en el que solicitan el “mantenimiento del trasvase Tajo-Segura”.
La misiva está firmada por los consejeros de Agua de cada región —Sara Rubira, Miguel Barrachina y Ramón Fernández-Pacheco— y por el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez.
En la carta, los firmantes han señalado que estas regiones comparten “una dependencia estructural del trasvase Tajo-Segura para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, la agricultura y el desarrollo socioeconómico de nuestras regiones”.
Además, han añadido que los “recientes anuncios y propuestas relativas a la modificación de las normas de explotación del trasvase” han generado “una profunda preocupación entre las instituciones y los sectores productivos” de los territorios implicados.
Los firmantes han destacado que estas tres regiones generan “un valor agrario muy elevado, representado en un 42,5 % del VAB nacional” y que “4,2 millones de ciudadanos dependen directa e indirectamente del agua trasvasada para garantizar su calidad de vida y su empleo”.
Consideran que una “reducción estructural de los caudales trasvasables” tendría un “importante impacto sobre la sostenibilidad de la agricultura de regadío, el abastecimiento a poblaciones, la economía y el empleo en sectores estratégicos, así como sobre el equilibrio territorial y la cohesión social”.
Junto a la carta, los firmantes han enviado “un informe riguroso que analiza la situación actual del trasvase” y un “estudio elaborado por los regantes a los efectos de cuantificar los efectos socioeconómicos del Trasvase”, en el que se incluyen “todas las actividades económicas vinculadas al agua transferida con destino a regadío en el año 2024”.
Además, solicitan que se “dejen sin efecto los incrementos de los caudales ecológicos previstos”, que se “paralice la revisión de las reglas de explotación”, que se “agilice la ejecución de las obras contempladas en el programa de medidas” y que se “impulse un gran pacto nacional por el agua”.
Por último, han expresado su confianza en la sensibilidad del Gobierno hacia “la realidad del Levante español” y en su compromiso con “una gestión del agua basada en criterios de equidad, eficiencia, justicia y sostenibilidad”.
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