La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha criticado con dureza la misiva enviada al Ministerio para la Transición Ecológica por los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, junto con SCRATS, en la que se solicita frenar lo que denominan un “recorte” del trasvase Tajo-Segura.
En declaraciones a los medios desde Azuqueca de Henares, Gómez ha calificado la carta de “indignante y que atenta contra la inteligencia de cualquier ciudadano” y ha asegurado que “lo que están pidiendo es que el Ministerio cometa una ilegalidad”.
Según ha explicado, los firmantes reclaman que no se cumpla el mandato del Real Decreto que regula los planes de las Confederaciones Hidrográficas de España, incluida la del Tajo y la del Segura.
La consejera ha subrayado que el Gobierno regional “no va a consentir que esta situación se siga dando en el tiempo” y ha reafirmado que seguirá trabajando con el Estado para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Gómez ha recordado que aún quedan pendientes de trasvasar 132 hectómetros cúbicos y estimó que este trimestre podría llegar a discurrir por el trasvase más agua que en todo un año hidrológico. Además, ha señalado la importancia de la desalación como alternativa para el Levante, ya que permitiría obtener recursos para el regadío de forma “más sostenible e inteligente”.
La consejera ha insistido en la necesidad de “cambiar las reglas de explotación del trasvase y cumplir lo pactado” con el Gobierno central, una aprobación que, en su opinión, “va con retraso” y que “ya deberían haberse modificado”.
Gómez ha atribuido los retrasos a las presiones del “lobby de la agricultura y de la industria agroalimentaria del Levante español”, que, según dijo, ejerce una “mucha potencia” porque el agua del trasvase “les resulta mucho más barata por las subvenciones que reciben precisamente para el uso de la misma”.
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