El concejal talaverano del PSOE Roberto Gallegos ha emitido un comunicado tras las acusaciones sobre la situación de la vivienda en la que residen sus padres. En un extenso comunicado, el edil subraya que “En primer lugar, la casa a la que se refieren ha sido de mi familia durante más de 60 años, primero el taller de mi abuelo y luego la casa de mis padres”.
Roberto explica que su padre, “como muchos empresarios que habían puesto sus bienes personales como avales de sus empresas, sufrió las consecuencias de la crisis económica, que se llevó por delante su empresa y todo su patrimonio, incluida esta casa que acabó en manos del banco que pasó a vendérselo a un fondo buitre y este lo ha vendido en octubre de 2025”.
Gallegos recalca que “ante las acusaciones vertidas, aclarar que ni mis padres ni yo somos ocupas, porque ocupa es una persona que entra en una casa que no es suya”. Asegura además que posee otra vivienda junto a su hermana y que su presencia en el domicilio familiar responde a razones estrictamente personales y de cuidado: “aunque no tengo problemas en reconocer que paso temporadas con mis padres porque son mayores, máxime en los últimos meses y años, cuando mi padre ha sufrido graves enfermedades, ocupándome de sus cuidados, atención y necesidades”.
El concejal niega haber solicitado dinero a la nueva propietaria de la vivienda y precisa que “Lo que mis padres han pedido ha sido tiempo, tiempo para embalar más de 60 años de vida en esa casa, porque como ustedes entenderán después de 60 años lo que necesitan mis padres es tiempo”. Añade que “Hace semanas que les estamos ayudando a recoger y embalar toda una vida en esa casa”.
El comunicado viene tras la información publicada este jueves por OKDIARIO, en la que se aseguraba que Roberto Gallegos estaría residiendo junto a su familia en una vivienda de la que no poseen título desde 2018, cuando la sociedad Coral Homes SLU —propietaria hasta octubre de 2025— manifestó en la escritura de compraventa que el inmueble estaba “ocupado en precario, sin título alguno”. La parte compradora habría remitido varios burofax instando al desalojo y advirtiendo de posibles acciones legales.
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