El Pleno del Ayuntamiento de Talavera ha decidido dejar sobre la mesa un proyecto de convenio urbanístico presentado por el equipo de gobierno formado por PP y VOX. Se trata de un convenio urbanístico vinculado a la ejecución de una línea de alta tensión y asociada a cuatro proyectos de energías renovables, después de que el Grupo Municipal Socialista expusiera numerosas dudas e incongruencias en su contenido.
El acuerdo, que se iba a suscribir por el Alcalde, José Julián Gregorio, con varias empresas promotoras del sector energético, para adaptar el planeamiento municipal (Plan de Ordenación Municipal) a fin de dar cabida a la citada infraestructura eléctrica, posibilitando que la misma discurriese en el seno de una zona verde, futuro parque de la ciudad, prevista como sistema general en el vigente Plan de Ordenación Municipal.
Tras la exposición inicial de la propuesta de Vox y PP, realizada por el responsable del área, Benedicto García, el concejal socialista José Antonio Carrillo expresó numerosas reservas sobre el contenido del convenio, cuestionando que el Ayuntamiento se pudiera comprometer a hacer suya una modificación del planeamiento urbanístico que no se había formulado aún y respecto de la cual no se había analizado ni su contenido, ni, por ende, su viabilidad técnica, ambiental y jurídica. Carrillo advirtió que el documento parecía anticipar decisiones, en la mano del alcalde y vía convenio, que correspondían en cualquier caso al Pleno y que debía tener como base informes tanto de los técnicos municipales como de otras administraciones competentes, como la ambiental, cultural o la hidráulica, entre otras, y que aún no se habían ni solicitado ni emitido.
El edil socialista también puso el foco en uno de los apartados del convenio que alude a la conversión de una licencia provisional en definitiva de manera automática y sin necesidad de proyecto, como señalaba la letra del convenio, alertando de que dicho planteamiento podría vulnerar principios básicos del Derecho como es la necesidad del sometimiento a un procedimiento administrativo y los informes a emitir en su seno. A su juicio, “automatizar” sin más este tipo de licencias, sin seguir los trámites que marca la Ley, supondría una “temeridad” y podría acarrear problemas de legalidad al Consistorio.
Asimismo, Carrillo subrayó que la infraestructura afecta a terrenos que, si bien hoy son propiedad de particulares -a los que no consta en el expediente que se les haya dado la oportunidad de participar en el convenio planteado desde el equipo de gobierno-, tienen como destino en el vigente POM el conformar futuras zonas verdes públicas. Se trata de sistemas generales que, ha señalado Carrillo, son piezas clave del planeamiento urbano, por lo que cualquier actuación sobre ellos debe hacerse con especial cuidado y contando con todos los agentes implicados, también con sus propietarios. Además, puso en duda que el convenio no suponga ningún coste para el Ayuntamiento y criticó numerosos fallos del documento, como la falta de antecedentes en su parte expositiva, o la inclusión de cláusulas que consideró inapropiadas, como la que se refería al reconocimiento expreso en el propio texto del documento del hecho de que ningún político ni funcionario del Ayuntamiento había recibido “con respecto a los asuntos que son objeto del presente convenio, ningún pago, donación, regalo, promesa u otra ventaja…” .
Por estos motivos, el Grupo Socialista pidió que, conforme posibilita el reglamento del Pleno municipal, se votase el dejar el asunto sobre la mesa y sin aprobar para poder revisarlo y corregirlo adecuadamente.
David Moreno no quiso intervenir pese a su inicial conformidad al convenio y, en su segundo turno de intervención, el concejal de Urbanismo, Benedicto García, defendió que “la infraestructura cuenta con autorización administrativa, evaluación ambiental favorable y declaración de utilidad pública, y precisó que el convenio no aprueba directamente el planeamiento, sino que ordena su futura tramitación”. No obstante, votada la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa, por unanimidad el Pleno acordó retirar el punto para llevar a cabo una profunda revisión del mismo, tal y como había pedido el Grupo municipal socialista.
Finalmente, el alcalde anunció que el expediente será analizado de forma pormenorizada antes de volver a llevarse al Pleno, con el objetivo de alcanzar un acuerdo unánime en una cuestión que calificó de estratégica para el futuro de la ciudad.
Esta circunstancia resultó sorpresiva, ya que de no producirse las advertencias del PSOE en las palabras de José Antonio Carrillo, se podría haber aprobado un convenio con numerosas dudas y carencias como él mismo puso de manifiesto.
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