El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de 2026, con el que se pretende que el acceso a la vivienda de los jóvenes sea “más asequible”, reforzar la eficiencia de la Administración y garantizar el cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo autonómico, según ha explicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.
El consejero ha detallado que el proyecto, que ahora se remitirá a las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria, se estructura en tres bloques principales: medidas tributarias, simplificación y agilización administrativa, y disposiciones sobre recursos humanos en el SESCAM.
En materia de vivienda, Ruiz Molina ha destacado que el proyecto incluye un paquete de incentivos fiscales destinado a “favorecer la adquisición de la primera vivienda por parte de los menores de 36 años”. Entre estas medidas se encuentra la reducción del 40% del tipo impositivo en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que pasa del 5% al 3%, y la disminución a la mitad en Actos Jurídicos Documentados para el mismo colectivo.
Además, se establece una deducción del 15% en el IRPF por las aportaciones realizadas a cuentas destinadas a la compra de vivienda, con un límite máximo de 3.000 euros. También se incrementa de 450 a 500 euros el límite de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, ampliando su aplicación a familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad. Ruiz Molina ha subrayado que estas medidas “reducen las cargas iniciales de la compra, financian a coste cero la parte no cubierta por los bancos y fomentan el ahorro previo de los jóvenes”.
El consejero ha añadido que los beneficios fiscales tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, pudiéndose incluir en la declaración de la renta de este año, mientras que el resto de medidas entrará en vigor tras la publicación de la ley en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
El proyecto también incluye deducciones por gastos derivados de controles veterinarios y vacunación de perros de asistencia; exención de tasas para vehículos de autotaxi; supresión de tasas del Programa Acredita; y bonificaciones en el canon del agua para personas con discapacidad, en situación de riesgo de exclusión o familias numerosas. Estas medidas, con un coste estimado de ocho millones de euros, beneficiarán a más de 13.000 contribuyentes.
Ruiz Molina ha explicado que estas nuevas deducciones “se suman a las ya aprobadas en años anteriores, enfocadas en familias, jóvenes y colectivos más desfavorecidos”, y contribuyen a la actividad empresarial y a la lucha contra la despoblación, cumpliendo con el compromiso del presidente García-Page de mantener congelada la presión fiscal.
En cuanto a la Administración, el proyecto introduce medidas para sustituir autorizaciones por declaraciones responsables, eliminar trámites innecesarios y ampliar los supuestos de silencio positivo. Estas modificaciones afectan a leyes sobre ordenación del territorio, carreteras, artesanía, transporte por carretera y servicios sociales.
En el ámbito de recursos humanos, se prevé reducir plazos en procesos selectivos del SESCAM, regular requisitos de acceso a plazas vinculadas a unidades docentes acreditadas y gestionar la provisión de jefaturas asistenciales. Asimismo, se crea un Fondo de Apoyo a la Lucha contra la Despoblación, financiado con recursos del canon eólico y del canon de participación urbanística, cuyo importe se fijará en las leyes presupuestarias anuales.
Ruiz Molina ha concluido que el conjunto de medidas busca “mejorar la eficiencia de la Administración y facilitar el acceso a la vivienda, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la ciudadanía”.
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