La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este miércoles un trabajo del economista Ángel de la Fuente en el que analiza la reciente propuesta del Gobierno para reformar el Sistema de Financiación Autonómico (SFA). El estudio resume las líneas maestras del nuevo modelo, cuantifica sus implicaciones mediante simulaciones con datos de 2023 y ofrece una primera valoración crítica de la iniciativa.
Un estudio que muestra que Castilla-La Mancha pasaría de estar infrafinanciada a muy infrafinanciada, algo que también ocurre en otras comunidades como Aragón o Castilla y León.
Uno de los elementos centrales de la propuesta es una fuerte inyección de recursos al sistema a cargo del Estado. Según el análisis, esta aportación, presentada por el Ejecutivo como un refuerzo del Estado del bienestar, puede agravar uno de los problemas estructurales del SFA: la falta de incentivos para la disciplina fiscal de las comunidades autónomas. Fedea recuerda que aumentar los recursos autonómicos tiene un coste de oportunidad evidente, ya que obliga al Estado a reducir su margen presupuestario o a subir impuestos.
El informe advierte de que la medida podría tensionar aún más las cuentas de la Administración Central, que ya registra un déficit significativo frente al cuasi equilibrio presupuestario de las autonomías. Todo ello en un contexto de crecientes presiones de gasto, como el aumento de las necesidades en defensa o el déficit contributivo de la Seguridad Social.
Desde el punto de vista técnico, el estudio reconoce que la propuesta introduce algunas mejoras en la estructura del sistema. En línea con recomendaciones ampliamente compartidas por los expertos, el Gobierno plantea suprimir los Fondos de Convergencia y, en parte, el Fondo de Suficiencia. El nuevo esquema se asemeja al propuesto por la Comisión de Expertos de 2017, con un mecanismo de nivelación horizontal similar al actual Fondo de Garantía y un Fondo de Nivelación Vertical para corregir disparidades residuales. Esta simplificación permitiría, en principio, un reparto más equitativo y transparente de los recursos.
Sin embargo, Fedea considera que parte de estos avances se diluyen con la incorporación de dos nuevos instrumentos de “dudosa justificación”: el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes. El primero distribuirá 1.000 millones de euros de financiación incondicionada entre las comunidades, priorizando a las del litoral mediterráneo por su supuesta mayor exposición al cambio climático. Según el informe, se trata más de un gesto simbólico que de una herramienta eficaz, ya que la lucha contra el cambio climático requeriría recursos mucho mayores y una planificación coordinada desde el Estado, al margen del SFA.
Más críticas recibe el Mecanismo IVA Pymes, que beneficiaría especialmente a Cataluña. Aunque el peso de las pymes societarias y el saldo exportador neto catalán explican su mayor aportación al IVA, el autor cuestiona que ello justifique transferencias adicionales. Además, alerta de posibles efectos perversos, como incentivar que las empresas permanezcan artificialmente pequeñas o que las comunidades compitan por atraer domicilios fiscales.
El trabajo también muestra preocupación por las nuevas limitaciones anunciadas a la capacidad normativa autonómica en materia tributaria, justificadas por el Gobierno como una lucha contra un supuesto dumping fiscal. Fedea interpreta estas medidas como una merma de la autonomía fiscal de las comunidades y advierte, además, del riesgo de avanzar hacia un sistema asimétrico de gestión tributaria “en red” que podría poner en cuestión el principio de caja única y aumentar los costes y la ineficiencia administrativa.
En el plano político, el economista José Carlos Díez ha sido especialmente crítico con el impacto territorial de la propuesta. En un comentario difundido tras conocerse el informe, afirmó que “en plena campaña electoral en Aragón y Castilla y León, Pedro Sánchez le da a Cataluña cinco puntos de financiación efectiva y se los quita a Aragón y a Castilla y León, dejándolas infrafinanciadas”.
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