El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha anunciado este martes su intención de impulsar una reforma del Reglamento de la Cámara autonómica o de sus instrumentos de gestión económica para reforzar el control del dinero público asignado a los grupos parlamentarios.
La medida llega tras el requerimiento de la intervención para que Vox devuelva más de 34.000 euros transferidos a la sede nacional del partido que no habían sido utilizados en Castilla-La Mancha.
Bellido ha señalado que la Mesa de las Cortes tomó conocimiento del informe de fiscalización que detectó que el Grupo Parlamentario de Vox en Castilla-La Mancha envió a Madrid fondos no gastados del ejercicio 2024, una práctica que ha calificado como “inédita e inaceptable” en la historia del parlamento autonómico y que motivará una revisión normativa para evitar que se repita.
El presidente ha subrayado que “el dinero que se entrega a los grupos procede de los contribuyentes de Castilla-La Mancha y debe utilizarse exclusivamente para la representación parlamentaria dentro de la región”, y ha considerado que la transferencia a la dirección nacional de Vox resulta “ética y políticamente reprobable, además de ilegal en la parte correspondiente al remanente que Vox pretendía retener”.
En este contexto, Bellido ha anunciado que se promoverá una clarificación normativa “escrupulosa, fina e incontrovertible” sobre el uso de los fondos públicos asignados a los grupos de la Cámara. “Vamos a dejar absolutamente claro lo que se puede y lo que no se puede hacer con el dinero público que reciben los grupos. Tiene que emplearse en Castilla-La Mancha, y para Castilla-La Mancha”, ha añadido.
Por su parte, desde el Grupo Parlamentario Vox han negado que se haya producido ninguna irregularidad, afirmando que “no ha existido en ningún momento ninguna situación fuera de la legalidad” y que todas sus actuaciones económicas y administrativas “se ajustan plenamente a la normativa vigente y a los mecanismos de fiscalización establecidos para el uso de fondos públicos”.
Según Vox, el convenio suscrito con la dirección nacional del partido incluye una cláusula de remanente “que fue revisada y avalada por los servicios jurídicos y auditada por la Intervención de las Cortes, sin que se planteara objeción alguna en su momento”.
La formación ha añadido que, tras la entrada en vigor de las nuevas normas internas de fiscalización en 2025, “procedió de manera inmediata al reintegro del remanente y notificó que en la renovación del convenio no se incluiría dicha cláusula, ajustándose así a las nuevas directrices de la Intervención”.
Desde el PSOE, el secretario de Formación, Sergio García-Navas, ha reaccionado a la información señalando que “y eso que están en la oposición, qué no harían si estuvieran en el gobierno”, y ha solicitado la dimisión del presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, “por haber mentido y por haber negado a los medios de comunicación lo que hoy se ha conocido”.
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