Pedro Sánchez ha puesto a medio país a discutir sobre algo que hasta ahora vivíamos en silencio: qué hacen nuestros hijos cuando se encierran en su cuarto con el móvil. Lo ha hecho con un anuncio contundente: prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y lanzar un paquete de medidas que apunta directamente a las grandes plataformas.
La medida estrella es clara y sonora, casi de eslogan: los menores de 16 años no podrán entrar en redes sociales y serán las propias plataformas las obligadas a implantar sistemas “efectivos” de verificación de edad. No se trata solo de subir de 14 a 16 años, como ya venía recogiendo la ley de protección de menores en entornos digitales, sino de cerrar la puerta digital con llave tecnológica, no solo con buenas intenciones en el BOE. El mensaje político es potente: los niños están expuestos a adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación, y el Gobierno dice basta.
Pero el presidente no se ha quedado en el cartel de “prohibido el paso”. Ha anunciado responsabilidad penal para los directivos de las plataformas que no retiren contenidos de odio o ilegales, es decir, que el “lo siento, se nos ha colado” ya no saldrá gratis. También ha puesto en la diana la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenidos tóxicos, prometiendo castigos legales para quienes jueguen con el timeline como quien juega con gasolina junto a un colegio.
El paquete se completa con un sistema de rastreo, la famosa “huella de odio y polarización”, que pretende medir cómo las redes alimentan la división social y servir de base para futuras sanciones. Y, de fondo, una alianza con otros países europeos, la llamada “Coalición de los Digitalmente Dispuestos”, para que esta batalla no sea solo española sino continental.
La foto es perfecta. La pregunta, sin embargo, no se responderá en los foros internacionales, sino en los salones de casa. Porque una cosa es prohibir a un menor de 16 años entrar en Instagram y otra muy distinta es gestionar el enfado del adolescente cuando descubra que su vida social se acaba de quedar fuera de la ley.
Las plataformas tendrán que vérselas con la Fiscalía; las familias, con la bronca cotidiana. Y ahí el Gobierno no puede limitarse a pasar la gorra de la responsabilidad: si no hay educación digital, apoyo a padres y recursos en los centros educativos, la prohibición corre el riesgo de convertirse en un nuevo nicho de mercado para el “mercado negro” de cuentas falsas y perfiles prestados.
El Ejecutivo ha levantado la voz contra los gigantes digitales y ha dicho que los menores no son carne de algoritmo. Suena bien. Falta por ver si, cuando el eco del discurso en Dubái se apague, las medidas llegan a tiempo, se aplican de verdad y no se quedan en otra gran promesa que se deshace, como tantas veces, en la pantalla de un móvil.
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