El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes una “estrategia frontal” para defender las políticas hídricas de la región frente a lo que considera una “falta de vocación de escucha” por parte del Gobierno central.
Durante la reunión del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, celebrada en Toledo junto a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, el jefe del Ejecutivo autonómico ha avanzado que una de las primeras medidas será reclamar en Europa —y también ante el Gobierno de España— una prórroga de la Directiva Marco del Agua.
García-Page ha sido especialmente crítico con el nuevo proyecto de esta normativa europea, al que ha calificado de “absolutamente nocivo para los intereses del campo español” y del conjunto del sistema de gestión hidráulica. Según ha explicado, el texto genera “muchísimas dudas”, lo que ha llevado a la Junta a plantear la creación de una red propia de medición hídrica mediante piezómetros.
El presidente ha justificado esta decisión en la existencia de un “monopolio absoluto sobre la información”, que, a su juicio, deriva en un “dirigismo técnico” que dificulta el consenso social. En este sentido, ha subrayado que el Gobierno regional no respaldará avances en la planificación hidráulica que no cuenten con acuerdo previo.
Otro de los ejes de esta estrategia pasa por ofrecer recursos autonómicos al Estado para agilizar la gestión en las confederaciones hidrográficas. García-Page ha denunciado una “inmensa lista de retrasos” en estos organismos y ha señalado que esta colaboración se plantea especialmente para la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Además, ante la situación “crítica” en las zonas limítrofes con el Levante, el Ejecutivo autonómico estudia la posibilidad de incorporarse al uso de desaladoras, una opción para la que se encargará un informe técnico preliminar.
El presidente regional no ha descartado tampoco la convocatoria de movilizaciones en defensa del agua: “No vamos a estar de brazos cruzados”, ha advertido, apelando a las necesidades hídricas para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha.
CRÍTICAS AL PLAN ANTICRISIS DEL GOBIERNO
En otro orden de asuntos, García-Page ha criticado la falta de consulta a las comunidades autónomas en la elaboración del plan anticrisis que el Gobierno central prevé aprobar mediante un Real Decreto tras la guerra en Irán.
Aunque ha reconocido que no existe obligatoriedad formal, ha subrayado que las autonomías no son “una administración cualquiera”, especialmente cuando se plantean medidas que afectan a los ingresos públicos. En este sentido, ha advertido de que las decisiones adoptadas podrían repercutir en la financiación de servicios esenciales como la sanidad, la educación y el estado del bienestar.
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