El debate en torno al trasvase Tajo-Segura vuelve a intensificarse coincidiendo con el 31 de marzo, fecha en la que los regantes del sureste conmemoran la llegada de las primeras aguas a la cuenca del Segura en 1979. Sin embargo, lejos de ser una jornada únicamente simbólica, este año está marcada por el enfrentamiento entre territorios con posturas claramente opuestas: mientras Castilla-La Mancha insiste en limitar los envíos, desde Murcia se reivindica su continuidad.
La clave inmediata está en la decisión que debe adoptar el Tribunal Supremo el próximo 5 de mayo sobre el plan hidrológico del Tajo, que incluye el aumento de los caudales ecológicos. Esta medida, defendida desde Castilla-La Mancha, supondría reducir el volumen de agua disponible para el trasvase, una reivindicación histórica de la comunidad autónoma para garantizar la protección del río.
Desde el Ejecutivo castellano-manchego se ha defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de cumplir las sentencias judiciales que obligan a fijar caudales mínimos en el Tajo, con el objetivo de mejorar su estado ambiental. En esta línea, también se ha advertido de posibles acciones legales ante lo que consideran incumplimientos por parte del Gobierno central.
Frente a esta posición, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) mantiene su rechazo frontal a cualquier recorte. Su presidente, Lucas Jiménez, ha insistido en que la reducción de los envíos sería perjudicial para el sureste, pese a admitir que podría contar con respaldo legal. Además, ha criticado la falta de inversiones alternativas prometidas para compensar una menor disponibilidad de agua.
Actualmente, la infraestructura se encuentra en nivel 1 —el máximo—, lo que permite trasvasar grandes volúmenes de agua y garantiza el suministro a corto plazo. No obstante, desde Castilla-La Mancha se advierte de que esta situación responde a un contexto puntual de abundantes lluvias y no debe condicionar las decisiones estructurales.
De hecho, desde la Asociación de Municipios Ribereños subrayan que los embalses de cabecera, como Entrepeñas y Buendía, apenas superan el 60% de su capacidad y recuerdan que su gestión debe contemplarse a varios años vista. Por ello, consideran que el actual escenario de recursos disponibles es “coyuntural” y no puede justificar un aumento sostenido de los trasvases.
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